Y le bajaron al switch… un sabadazo como a la vieja usanza priista, una puñalada trapera como muchos dijeron, aprovechando la euforia del pase al mundial del “tri” la decisión fue ejecutada y las instalaciones tomadas, horas después el decreto estaba consumado, se extinguía “luz y Fuerza del Centro”, pero comenzaba un nuevo capitulo complicado en la historia contemporánea de nuestro país.
Seria innecesario hacer una recapitulación detallada de todo lo acontecido en las ultimas semanas ya que hemos sido literalmente bombardeados mediaticamente (aunque muy parcialmente desde mi perspectiva) , sin embargo sin afán de encontrar el hilo negro ni mucho menos buscare tratar puntos que han quedado relegados en este proceso político y legal de la desaparición de LyFC.
“LA MESA ESTABA SERVIDA”
Resulta mas que evidente que esta decisión se estaba fraguando desde tiempo antes, como muestra tenemos el hecho de que ante la disyuntiva que se presentaba en el seno del SME y su probable fractura todo esto derivado de las elecciones internas que se presentaron al interior del mismo diversos medios de comunicación y “comunicadores” se dedicaron de manera fragrante a desprestigiar y atacar a todos los miembros del SME catalogándolos de ineficientes, corruptos y muy diversos apelativos que no hacían mas que “preparar” a la opinión publica para la decisión que días mas tarde seria ejecutada ejerciendo claramente gran influencia en la perspectiva de la inmensa mayoría de la población.
Es claro que la decisión del presidente fue muy arriesgada y tan difícil que no había podido consumarse aun durante los mandatos de los gobiernos priistas como el de Salinas de Gortari ni en el gobierno “del cambio” de Vicente Fox, el costo económico, político y social aun esta por verse en sus verdaderos alcances, es claro, LyFC ya no era rentable, pero eso no es nuevo y nadie se había atrevido a hacer algo al respecto, el servicio era deficiente y en el interior se seguía con la tradición de corruptelas de muchos sindicatos nacionales, por estos y mas motivos es que esta decisión fue apoyada por la gran mayoría de la población y claro, por las principales cúpulas empresariales sin embargo ahí cosas que no cuadran y en esos aspectos es en donde el gobierno federal debe de apretar bien las tuercas a fin de evitar que esta gran decisión política y mediática se convierta en una mas de las decisiones viciadas y con muy oscuros intereses ocultos que se han tomado a lo largo de nuestra historia .
“LOS PRIVILEGIADOS” Y LAS PÈRDIDAS
Resulta mas que evidente que a la luz de la inmensa mayoría y en las declaraciones oficiales los causantes de la debacle financiera en que se encontraba la empresa eran los alrededor de 44,000 “privilegiados” que gozaban de condiciones injustas (en comparación con las paupérrimas condiciones de la mayoría de los trabajadores en este país) al gozar de mayores prorrogativas, prestaciones y derechos que todos los demás trabajadores del país.
Es evidente que como en todas las estructuras gubernamentales del país siempre existirán quienes se vean sumamente privilegiados por el sistema así como trabajadores malos, buenos y excelentes, calificar a todos de corruptos” y “tranzas” es sin duda alguna un hecho de discriminación y de injusticia en contra de los ex trabajadores de LyFC.
De acuerdo a información publicada por “reporte índigo” el gobierno argumento que para este 2009 las transferencias a LyFc serian de alrededor de 41 mil millones de pesos, si los 44 mil trabajadores van a ser liquidados con 33 meses de su sueldo y el total de estas liquidaciones será de 24 mil millones de pesos quiere decir que la nomina anual ya con prestaciones asciende alrededor de 7 mil millones de pesos, lo cual representa alrededor de una sexta parte de los 44 mil millones que en teoría costaría este año LyFC. Así que no se puede afirmar categóricamente que los trabajadores son los únicos culpables
ASI NO ES NEGOCIO
¿De donde provenía entonces el enorme déficit de LyFC? La explicación esta mas que clara, LyFC estaba obligada a comprar energía a la CFE a un precio determinado y a venderla a los usuarios a un precio inferior al de compra, de ahí las inmensas perdidas que tenia año con año ya que ninguna empresa (estatal o privada) laborando en esas circunstancias seria un negocio ni redituable de mantener operando
Aunado a estos hechos otro factor determinante en las perdidas de LyFC es el robo de energía que sufre día a día debido a la falta de mantenimiento en su infraestructura asi como a los “diablitos” y demás artimañas para evadir este pago.
La inversión por parte del gobierno federal para renovar y modernizar a LyFc ha sido muy baja o definitivamente no h llegado por lo cual hacer comparaciones “amañadas” y tendenciosas entre LyFC y la CFE resulta poco mas que injustas ya que no se cuenta ni con la misma infraestructura ni con condiciones similares de competencia por lo cual estas comparaciones solo sirven para orientar a la mayoría de la población a acepta sin hacer verdadero análisis la decisión presidencial.
Después de analizar lo mencionado vale la pena preguntarnos ¿los trabajadores son los verdaderos culpables de la crisis en la que estaba sumida LyFC? O como siempre son los “chivos expiatorios” por las pésimas decisiones gubernamentales tomadas a lo largo de años y años; ya que debemos de estar concientes de que si el SME contaba con tantas y tantas prerrogativas alguien debió de autorizarlas, de negociarlas y lamentablemente esos personajes se mantienen en el anonimato aun cuando sabemos quienes son, y no se han llamado a rendir cuentas sobre sus acciones y sus omisiones en este asunto.
EL PODER DEL “TRIPLE PLAY”
La decisión tomada con LyFC es de carácter económico según los argumentos del gobierno sin embargo aun existen lagunas y oscuros secretos que no han sido develados a la opinión pública o al menos no completamente.
Uno de los principales argumentos que denuncian los miembros de SME como defensa es el hecho de que el gobierno federal los quiere “sacar de la jugada” en lo referente a la instalación, uso y sobre todo facturación de una alternativa en telecomunicaciones que llevaría a los hogares de muchos millones de mexicanos imagen, voz y datos de manera digital (llamado triple play), pero bueno ¿alternativa a que? Pues al monopolio casi faraónico que el Sr. Carlos Slim y TELMEX tienen en este apartado ya que si bien TELMEX posee una gran red de posteria en todo el país es ampliamente superada por la que tiene la CFE y claro sobre todo LyFC.
Este hecho fue denunciado por el ex dirigente del SME al mencionar un contrato entre LyFC y una empresa de origen español llamada WL comunicaciones donde sospechosamente están involucrados en dichas negociaciones dos ex secretarios de el mandato de Vicente Fox, que son Fernando González Clariond y Ernesto Martens, esto sin lugar a dudas habla del siempre conocido en nuestro país trafico de influencias, una practica que lamentablemente seguimos viviendo en la actualidad (ahí tienen a Diego Fernández de Ceballos)
Este tema de manera lamentable ha quedado relegado a la luz dela opinión publica y solo se hace mención lamentablemente de “la necesidad” que existía de tomar esta decisión por dolorosa que fuera (no creo que para el gobierno lo fuera ellos siguen con empleo), es de suma importancia el exigir que esto no se arregle en lo oscurito ni se haga negocios para que la información siga oculta, si tanto defienden muchos pseudoactores de la política nacional la “un nacionalismo exacerbado” y defienden “nuestros” recursos de manera férrea deberán estos mismos personajes llegar hasta el fondo de este asunto y realmente dejar claro que pasa con nuestras telecomunicaciones, estoy plenamente consiente de que el acceso a las tecnologías de la información y el acceso a sistemas de comunicación de primer nivel con la fibra óptica es necesario para el correcto desarrollo de cualquier país sin embargo si se hace como acostumbra nuestro gobierno con favoritismos y tratos por debajo del agua los am beneficiados no serán los mexicanos si no ciertos grupo de el gobierno que vive a nuestras costillas.
NI EN LAS TELENOVELAS
Al principio (muy al principio diría yo) creí que el hecho de que los grandes grupos informativos del país en prensa, radio y tv tuvieran la misma línea editorial al desprestigiar y atacar de manera flagrante al sindicato del SME por sus conflictos internos era nada mas que mera coincidencia, sin embargo a la luz de los acontecimientos recientes creo entender mejor las cosas, me explico: el día miércoles 14 de octubre del presente al inaugurar la 51ª semana nacional de radio y televisión el Presidente Felipe Calderón “agradeció” a los ahí presentes “sus servicios en la cobertura informativa sobre la liquidación de LyFC y cito: “quiero destacar y agradecer profundamente la valiosa y valiente de los integrantes de la cámara que ha desarrollado en estos últimos días, dando un seguimiento puntual y oportuno a esta decisión del gobierno federal, que es una decisión pensando en el futuro del país” sin embargo analicemos el contexto, la SCT a partir del acuerdo presidencial del 15 de septiembre entrego 80 títulos de concesión de radio y televisión como parte de la segunda etapa de refrendos; la definición del “estándar digital” para los concesionarios de radio así como el transito de las estaciones de AM a FM así como abrirles al apetito con la futura licitación de la fibra óptica de la CFE en lo cual Televisa y Nextel tienen mucho “interés”
¿QUE SIGUE?
Pues además del enorme costo político y social que esta teniendo esta decisión debido al hecho de que esta perdiendo legitimidad conforme va pasando el tiempo y las verdades van saliendo a la luz ya que al parecer no se ataron todos los cabos que podrían quedar sueltos, como por ejemplo el hecho de que por mas capacitados que estén los trabajadores de la CFE desconocen como operaba LyFC y esto esta conllevando a fallas en el suministro de energía que genera millones de perdidas a empresas y negocios, el apoyo de mas y mas organizaciones sociales de toda índole, la falta de congruencia al privilegiar a algunos sindicatos como el SNTE y acabar con otros como el SME y el claro mensaje de autoritarismo y poca visión política a corto y largo plazo el país se enfrenta a una situación cada vez mas tensa, el riesgo de un estallido social es latente y tal parece que las políticas del Estado van encaminadas a “atacar” y mermar estos focos de peligro.
El camino es largo en la lucha del SME y LyFC pero también en la nuestra por obtener el gobierno que necesitamos, apoyar al SME no es apoyar como muchos creen apoyar al corporativismo y a la corrupción, es más profundo que eso, es pugnar porque el Estado realmente realice su labor, si es capaz de rescatar a los “criminales de cuello blanco” como el caso FOBAPROA debería de poder mantener y sobre todo domesticar y meter en cintura a los propios monstruos que ha creado y no simplemente lavarse las manos, dar la espalda y acabar con el proyecto de vida de miles de mexicanos y mandar un mensaje claro “si no estas de nuestro lado… estas en contra nuestra”, apoyar al SME va mas allá del sindicalismo es una muestra de que estamos despertando y exigimos que las cosas sean claras
viernes, 23 de octubre de 2009
miércoles, 7 de octubre de 2009
ACTEAL... DESDE OTRA PERSPECTIVA
LA PRESUNCION DE INOCENCIA COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL
CASO ACTEAL
Por: De La Rosa Avila Francisco
INTRODUCCION
El caso Acteal sucedido en diciembre de 1997 es sin duda una de las paginas mas lamentables y aberrantes sucedidas en la historia contemporánea de nuestro país, aquel día murieron según cifras oficiales 45 personas, la mayoría de ellos mujeres, menores de edad e incluso embarazadas, la versión “oficial” nos hablo en su momento de un enfrentamiento entre comunidades aledañas donde por cuestiones religiosas y territoriales se había dado dicho enfrentamiento.
Sin embargo el paso del tiempo y la aparición de mas y mas pruebas de toda índole ha echado por tierra todas estas aseveraciones y han puesto en entredicho la veracidad y la capacidad de los órganos encargados de investigar y de impartir justicia en el país a muy diversos niveles.
El caso Acteal es una macabra recopilación de innumerables violaciones a los derechos humanos de todos los implicados, no solo de las victimas si no también de los “presuntos” perpetradores de esta hecho, es en este punto donde el presente documento busca hacer un énfasis ya que en la búsqueda de justicia para los afectados se han violentado los derechos de los acusados, esto ha generado un debate muy acalorado sobre lo que es “correcto” y lo que no principalmente después de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual además de polémica puso en el centro de la discusión los procesos judiciales seguidos por el Ministerio Público Federal y demás órganos de investigación e impartición de justicia y sus cuestionables métodos para capturar procesar a los “presuntos” culpables.
Presuntos… este es el principal argumento que busco exponer, el hecho de que todos sin distinción poseemos un derecho que es la “presunción de inocencia” es algo que no podemos dejar pasar por alto, esto es que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, asì que todo inculpado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, recalquemos la palabra “legalmente” ya que de acuerdo a lo dictaminado por la SCJN el proceso seguido a los indígenas “presuntamente” culpables fue viciado y lleno de irregularidades lo cual violo de manera fragrante este que es un derecho humano fundamental.
Por último me parece muy importante dejar perfectamente claro el hecho de que el presente documento no busca emitir juicio alguno sobre la responsabilidad o inocencia de los “presuntos” culpables, su búsqueda se enfoca a analizar principalmente como el principio de inocencia es algo que al parecer a las autoridades mexicanas le ha pasado de noche así como el desconocimiento que el grueso de la población tenemos de este derecho humano fundamental que poseemos y solo basta con observar los promociónales emitidos por las corporaciones encargadas de la imparticion de justicia donde hacen énfasis en sus logros deteniendo a delincuentes los cuales son catalogados como culpables con el solo hecho de ser exhibidos de tal manera ante la sociedad en su conjunto, el derecho de presunción de inocencia es algo que debemos de exigir y respetar como sociedad ya que su falta de aplicación permite que las autoridades realicen conductas ilícitas en su búsqueda por dar una solución a como de lugar al problema de la inseguridad en nuestro país
MARCO JURIDICO INTERNACIONAL
“no hay mayor impunidad que permitir que
Bajo y en nombre de la ley se cometan
Injusticias”
Ministro SCJN Juan Silva Meza
El principio de la presunta inocencia es un termino que si bien en el ámbito nacional carece de amplia divulgación entre los ciudadanos como entre las autoridades encargadas de la impartición de la justicia es una termino que engloba de manera contundente uno de los principales derechos de una persona, esto queda demostrado en el hecho que en muchas legislaciones o tratados internacionales referentes a los derechos humanos abordan este tema de manera formal y muy especifica, a continuación se enlistaran los casos mas representativos y que afectan mas al Estado mexicano:
Declaración Universal de los Derechos humanos:
Artículo:111. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Convención americana sobre derechos humanos:
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.
EL CASO MEXICANO
Aunque pueda parecer extraño, la presunción de inocencia no está aún establecida en la Constitución mexicana, pese a que se trata de una cuestión central en todo sistema democrático de justicia.
CONCEPTO
La presunción de inocencia significa, para decirlo de forma resumida, que toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le tenga como responsable de la comisión de un delito. A partir de esa presunción se deben desarrollar una serie de previsiones legislativas para asegurar que, mientras la sentencia condenatoria no exista, se le causen las menores molestias posibles al inculpado, sobre todo mientras dura el juicio en su contra. Por ejemplo, la presunción de inocencia obliga al legislador a limitar la posibilidad de la prisión preventiva a aquellos casos verdaderamente graves, en los que la persona que ha sido detenida supone un riesgo cierto y objetivo para la comunidad.
UNA DECISION CONTROVERSIAL:
LA SCJNEN EL OJO DEL HURACAN
Pocos ejercicios del poder del Estado exigen actuar con tanto cuidado, a fin de evitar el error y el abuso al detener y mantener en custodia sus habitantes. El Gobierno de México, testigo de un grave problema de delitos violentos, diariamente en nuestro paìs se presentan innumerables hechos delictivos sin embargo el Estado Mexicano se encuentra en una disyuntiva, como atacar de manera frontal y efectiva los delitos y las injusticias que se cometen dìa a dìa pero siguiendo la premisa fundamental de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos
En México, la búsqueda de este equilibrio ha sido históricamente complicada y se ha visto mermada por hechos tan lamentables como lo sucedido en Acteal en primer termino por no cumplir con una de sus obligaciones primarias que es la de salvaguardar la integridad física de sus habitantes sea cual sea su condición social, política, económica, de genero, de etnia etc. y por otro lado al sentenciar en no pocas ocasiones a personas inocentes basándose en investigaciones sumamente deficientes y viciadas que solo buscan “cumplir” con el requisito de imparticiòn de justicia pero dejando a los verdaderos perpetradores o autores intelectuales en la total impunidad
A pesar de las evidencias de la masacre, ahora, casi 12 años después de la tragedia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por cuatro votos contra uno, amparar a 26 de los involucrados en la matanza de Acteal, 20 de los cuales se ordeno ser puestos en libertad de manera inmediata.
Esta resolución a ojos dela inmensa mayoría agudiza la impunidad en la impartición de justicia en nuestro país por dos vías: la primera, por la incapacidad de las autoridades judiciales para detener a los autores intelectuales de la masacre: el ex presidente, Ernesto Zedillo; el ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro; Uriel Jarquín, ex secretario de Gobierno de Chiapas; Enrique Cervantes, ex secretario de Defensa; y Mario Renán Castillo, ex comandante de la sexta Región Militar y por la otra porque las victimas o sus familiares no ven resarcidos sus daños al menos en el aspecto moral al saber que los agresores se encuentran purgando una pena por sus atroces actos
CONCLUSIONES
El papel que la SCJN jugo en este caso ha sido crucial y mas aun su resolución la cual ha causado un sinnúmero de sentimientos entre la sociedad civil de todo el país e inclusive a nivel internacional, sin embargo considero que no se ha analizado desde todas las perspectivas este fenómeno, me explico; creo que es pertinente que como sociedad que buscamos vivir en un verdadero “estado de derecho” y ante esta búsqueda nos preguntemos ¿Qué genero mas impunidad?, el que culpables o no la corte les haya decretado un derecho a un legitimo proceso, o la deficiencia en una investigación elaborada por un órgano que en el momento solo se intereso por resolver esto sin importar la manera ni la forma de hacerlo.
El debido proceso debe de volverse la regla y no la excepción de aquí en adelante, lo que considero que la SCJN dictamino debe sentar precedentes jurídicos para evitar que una injusticia trate de resolverse con otra, un verdadero proceso considero debe de enmarcar los siguientes puntos:
· La presunción de inocencia: todos son inocentes hasta que de manera legal se compruebe lo contrario
· Un debido proceso: el Estado debe comprobar en su caso lo contrario pero bajo las normas jurídicas existentes
· Una defensa adecuada: todos tenemos el derecho a ser defendidos de manera adecuada ante una acusación de carácter judicial en nuestra contra sin importar la situación en la que nos encontremos
· Un juez o autoridad imparcial: las autoridades encargadas de dictaminar las penas deben de gozar de plena autonomía y no ser influenciadas por factores externos que solo entorpecen o influyen en sus decisiones.
El que estas personas hayan recibido este dictamen para nada debe de dar por cerrado el caso como muchas personas de manera equivocada lo creen, el terrible hecho ahí esta y por mas que se quiera ocultar nada ni nadie lo puede hacer, los culpables siguen libres y considero que son plenamente conocidos sin embargo mientras las investigaciones realizadas por el MP sigan siendo tan deficientes incluso los verdaderos culpables seguirán siendo puestos en libertad y personas inocentes purgaran condenas de manera impune sin que nada ni nadie pueda hacer nada al respecto.
La decisión de la SCJN debemos entenderla como algo de carácter puramente técnico y no ser participes del “linchamiento” promovido por diversos medios de comunicación y sectores de la sociedad, el principal problema que considero a este respecto es el hecho de que estamos lamentablemente tan acostumbrados a que la imparticiòn de justicia sea letra muerta que cuando se toman decisiones como estas que considero apegadas a derecho y respetan un derecho humano (sin hacer juicio sobre si son correctas o no) no sabemos como reaccionar; lamentablemente las victimas no han recibido el mismo trato por parte de la justicia ante lo cual las autoridades que por omisión cometieron errores deben de pagar por sus fallas, las victimas merecen ser retribuidas y esto debe de convertirse en una exigencia legitima de todos los sectores de este país y que los mismos preceptos de justicia aplicados a los inculpados les sean aplicados también a las victimas o a sus familiares
No busco con esto determinar cual derecho humano es mas importante o posee mayor jerarquía, si el acceso a la imparticiòn de justicia de forma expedita o el derecho a la presunción de inocencia ya que eso seria una aberración y un crimen aun mayor simplemente busco poner en perspectiva un hecho que desde mi punto de vista como Trabajador Social es muestra fehaciente de una violación a los derechos humanos de un grupo de personas sin hacer juicios que solo le competen a las autoridades nacionales
Así considero que el compromiso que los Trabajadores Sociales tenemos con la protección de los derechos humanos es innegable e incuestionable, la búsqueda por el respeto a la dignidad humana es una de las principales premisas a las que debemos apegarnos en nuestra labor cotidiana, ella no puede ser entendida de manera abstracta si no de manera concreta, el Trabajo Social actual no puede ni debe seguir dando respuestas obsoletas a los nuevos problemas a los que se enfrenta, nuestra visión debe de ser cada vez mas ética y profesional siempre ponderando neutralidad y buen juicio incluso ante situaciones tan lamentables como la estudiada en el presente documento, siendo sincero parecería erróneo de mi parte tomar la postura de defender el derecho de presunción de inocencia de los implicados debido a que muchos de ellos incluso eran confesos o fueron plenamente identificados por sus victimas sin embargo como profesional del Trabajo Social no puedo emitir ese tipo de juicios respecto al caso.
Considero como la principal enseñanza que me deja personalmente el análisis de este caso desde el punto de vista de los derechos humanos de los inculpados la poca capacidad que tenemos en nuestra formación de interpretar los derechos humanos en nuestra labor cotidiana, los derechos humanos ahí están sin embargo debemos de entenderlos mas que solo saberlos o conocerlos, saber sus diversas modalidades o como pueden ser aplicados en diferentes contextos sin perder de vista nuestros objetivos fundamentales, debemos de convertirnos en portavoces de estos derechos en participes activos de su defensa, si logramos esto la autoridad necesariamente deberá de respetar y valorar nuestros derechos humanos ya que me parece que no podemos exigir algo que en la mayoría de las ocasiones solo conocemos a nuestra conveniencia o de manera trunca
La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social,
la resolución de los problemas en las relaciones humanas
y el fortalecimiento y liberación del pueblo para incrementar el bienestar.
Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano,
los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos
en los que las personas interactúan con su entorno.
Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social
son fundamentales para el Trabajo Social (FITS, 2000).
Bibliografía
STAVENHAGEN Rodolfo, derecho indígena y derechos humanos en América latina, colegio de México, 1998
EROLES Carlos, los derechos humanos compromiso ético del Trabajo Social, espacio editorial, Buenos Aires,
ALVAREZ Martín, Acteal de los mártires infamia para no olvidar, Diaz y Valdez Editores, año 2000
Paginas web
http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/leg_exsum_sp.pdf
http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2009/Paginas/12-Agosto-2009.aspx
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/01/index.php?section=opinion&article=017a1pol
http://www.centrodeconvenciones.chiapas.gob.mx/pdfs/Constitucion_Mexicana.pdf
http://cinoticias.com/2009/07/16/presuncion-de-inocencia-y-exhibicion-de-detenidos/
CASO ACTEAL
Por: De La Rosa Avila Francisco
INTRODUCCION
El caso Acteal sucedido en diciembre de 1997 es sin duda una de las paginas mas lamentables y aberrantes sucedidas en la historia contemporánea de nuestro país, aquel día murieron según cifras oficiales 45 personas, la mayoría de ellos mujeres, menores de edad e incluso embarazadas, la versión “oficial” nos hablo en su momento de un enfrentamiento entre comunidades aledañas donde por cuestiones religiosas y territoriales se había dado dicho enfrentamiento.
Sin embargo el paso del tiempo y la aparición de mas y mas pruebas de toda índole ha echado por tierra todas estas aseveraciones y han puesto en entredicho la veracidad y la capacidad de los órganos encargados de investigar y de impartir justicia en el país a muy diversos niveles.
El caso Acteal es una macabra recopilación de innumerables violaciones a los derechos humanos de todos los implicados, no solo de las victimas si no también de los “presuntos” perpetradores de esta hecho, es en este punto donde el presente documento busca hacer un énfasis ya que en la búsqueda de justicia para los afectados se han violentado los derechos de los acusados, esto ha generado un debate muy acalorado sobre lo que es “correcto” y lo que no principalmente después de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual además de polémica puso en el centro de la discusión los procesos judiciales seguidos por el Ministerio Público Federal y demás órganos de investigación e impartición de justicia y sus cuestionables métodos para capturar procesar a los “presuntos” culpables.
Presuntos… este es el principal argumento que busco exponer, el hecho de que todos sin distinción poseemos un derecho que es la “presunción de inocencia” es algo que no podemos dejar pasar por alto, esto es que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, asì que todo inculpado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, recalquemos la palabra “legalmente” ya que de acuerdo a lo dictaminado por la SCJN el proceso seguido a los indígenas “presuntamente” culpables fue viciado y lleno de irregularidades lo cual violo de manera fragrante este que es un derecho humano fundamental.
Por último me parece muy importante dejar perfectamente claro el hecho de que el presente documento no busca emitir juicio alguno sobre la responsabilidad o inocencia de los “presuntos” culpables, su búsqueda se enfoca a analizar principalmente como el principio de inocencia es algo que al parecer a las autoridades mexicanas le ha pasado de noche así como el desconocimiento que el grueso de la población tenemos de este derecho humano fundamental que poseemos y solo basta con observar los promociónales emitidos por las corporaciones encargadas de la imparticion de justicia donde hacen énfasis en sus logros deteniendo a delincuentes los cuales son catalogados como culpables con el solo hecho de ser exhibidos de tal manera ante la sociedad en su conjunto, el derecho de presunción de inocencia es algo que debemos de exigir y respetar como sociedad ya que su falta de aplicación permite que las autoridades realicen conductas ilícitas en su búsqueda por dar una solución a como de lugar al problema de la inseguridad en nuestro país
MARCO JURIDICO INTERNACIONAL
“no hay mayor impunidad que permitir que
Bajo y en nombre de la ley se cometan
Injusticias”
Ministro SCJN Juan Silva Meza
El principio de la presunta inocencia es un termino que si bien en el ámbito nacional carece de amplia divulgación entre los ciudadanos como entre las autoridades encargadas de la impartición de la justicia es una termino que engloba de manera contundente uno de los principales derechos de una persona, esto queda demostrado en el hecho que en muchas legislaciones o tratados internacionales referentes a los derechos humanos abordan este tema de manera formal y muy especifica, a continuación se enlistaran los casos mas representativos y que afectan mas al Estado mexicano:
Declaración Universal de los Derechos humanos:
Artículo:111. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Convención americana sobre derechos humanos:
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.
EL CASO MEXICANO
Aunque pueda parecer extraño, la presunción de inocencia no está aún establecida en la Constitución mexicana, pese a que se trata de una cuestión central en todo sistema democrático de justicia.
CONCEPTO
La presunción de inocencia significa, para decirlo de forma resumida, que toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le tenga como responsable de la comisión de un delito. A partir de esa presunción se deben desarrollar una serie de previsiones legislativas para asegurar que, mientras la sentencia condenatoria no exista, se le causen las menores molestias posibles al inculpado, sobre todo mientras dura el juicio en su contra. Por ejemplo, la presunción de inocencia obliga al legislador a limitar la posibilidad de la prisión preventiva a aquellos casos verdaderamente graves, en los que la persona que ha sido detenida supone un riesgo cierto y objetivo para la comunidad.
UNA DECISION CONTROVERSIAL:
LA SCJNEN EL OJO DEL HURACAN
Pocos ejercicios del poder del Estado exigen actuar con tanto cuidado, a fin de evitar el error y el abuso al detener y mantener en custodia sus habitantes. El Gobierno de México, testigo de un grave problema de delitos violentos, diariamente en nuestro paìs se presentan innumerables hechos delictivos sin embargo el Estado Mexicano se encuentra en una disyuntiva, como atacar de manera frontal y efectiva los delitos y las injusticias que se cometen dìa a dìa pero siguiendo la premisa fundamental de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos
En México, la búsqueda de este equilibrio ha sido históricamente complicada y se ha visto mermada por hechos tan lamentables como lo sucedido en Acteal en primer termino por no cumplir con una de sus obligaciones primarias que es la de salvaguardar la integridad física de sus habitantes sea cual sea su condición social, política, económica, de genero, de etnia etc. y por otro lado al sentenciar en no pocas ocasiones a personas inocentes basándose en investigaciones sumamente deficientes y viciadas que solo buscan “cumplir” con el requisito de imparticiòn de justicia pero dejando a los verdaderos perpetradores o autores intelectuales en la total impunidad
A pesar de las evidencias de la masacre, ahora, casi 12 años después de la tragedia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por cuatro votos contra uno, amparar a 26 de los involucrados en la matanza de Acteal, 20 de los cuales se ordeno ser puestos en libertad de manera inmediata.
Esta resolución a ojos dela inmensa mayoría agudiza la impunidad en la impartición de justicia en nuestro país por dos vías: la primera, por la incapacidad de las autoridades judiciales para detener a los autores intelectuales de la masacre: el ex presidente, Ernesto Zedillo; el ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro; Uriel Jarquín, ex secretario de Gobierno de Chiapas; Enrique Cervantes, ex secretario de Defensa; y Mario Renán Castillo, ex comandante de la sexta Región Militar y por la otra porque las victimas o sus familiares no ven resarcidos sus daños al menos en el aspecto moral al saber que los agresores se encuentran purgando una pena por sus atroces actos
CONCLUSIONES
El papel que la SCJN jugo en este caso ha sido crucial y mas aun su resolución la cual ha causado un sinnúmero de sentimientos entre la sociedad civil de todo el país e inclusive a nivel internacional, sin embargo considero que no se ha analizado desde todas las perspectivas este fenómeno, me explico; creo que es pertinente que como sociedad que buscamos vivir en un verdadero “estado de derecho” y ante esta búsqueda nos preguntemos ¿Qué genero mas impunidad?, el que culpables o no la corte les haya decretado un derecho a un legitimo proceso, o la deficiencia en una investigación elaborada por un órgano que en el momento solo se intereso por resolver esto sin importar la manera ni la forma de hacerlo.
El debido proceso debe de volverse la regla y no la excepción de aquí en adelante, lo que considero que la SCJN dictamino debe sentar precedentes jurídicos para evitar que una injusticia trate de resolverse con otra, un verdadero proceso considero debe de enmarcar los siguientes puntos:
· La presunción de inocencia: todos son inocentes hasta que de manera legal se compruebe lo contrario
· Un debido proceso: el Estado debe comprobar en su caso lo contrario pero bajo las normas jurídicas existentes
· Una defensa adecuada: todos tenemos el derecho a ser defendidos de manera adecuada ante una acusación de carácter judicial en nuestra contra sin importar la situación en la que nos encontremos
· Un juez o autoridad imparcial: las autoridades encargadas de dictaminar las penas deben de gozar de plena autonomía y no ser influenciadas por factores externos que solo entorpecen o influyen en sus decisiones.
El que estas personas hayan recibido este dictamen para nada debe de dar por cerrado el caso como muchas personas de manera equivocada lo creen, el terrible hecho ahí esta y por mas que se quiera ocultar nada ni nadie lo puede hacer, los culpables siguen libres y considero que son plenamente conocidos sin embargo mientras las investigaciones realizadas por el MP sigan siendo tan deficientes incluso los verdaderos culpables seguirán siendo puestos en libertad y personas inocentes purgaran condenas de manera impune sin que nada ni nadie pueda hacer nada al respecto.
La decisión de la SCJN debemos entenderla como algo de carácter puramente técnico y no ser participes del “linchamiento” promovido por diversos medios de comunicación y sectores de la sociedad, el principal problema que considero a este respecto es el hecho de que estamos lamentablemente tan acostumbrados a que la imparticiòn de justicia sea letra muerta que cuando se toman decisiones como estas que considero apegadas a derecho y respetan un derecho humano (sin hacer juicio sobre si son correctas o no) no sabemos como reaccionar; lamentablemente las victimas no han recibido el mismo trato por parte de la justicia ante lo cual las autoridades que por omisión cometieron errores deben de pagar por sus fallas, las victimas merecen ser retribuidas y esto debe de convertirse en una exigencia legitima de todos los sectores de este país y que los mismos preceptos de justicia aplicados a los inculpados les sean aplicados también a las victimas o a sus familiares
No busco con esto determinar cual derecho humano es mas importante o posee mayor jerarquía, si el acceso a la imparticiòn de justicia de forma expedita o el derecho a la presunción de inocencia ya que eso seria una aberración y un crimen aun mayor simplemente busco poner en perspectiva un hecho que desde mi punto de vista como Trabajador Social es muestra fehaciente de una violación a los derechos humanos de un grupo de personas sin hacer juicios que solo le competen a las autoridades nacionales
Así considero que el compromiso que los Trabajadores Sociales tenemos con la protección de los derechos humanos es innegable e incuestionable, la búsqueda por el respeto a la dignidad humana es una de las principales premisas a las que debemos apegarnos en nuestra labor cotidiana, ella no puede ser entendida de manera abstracta si no de manera concreta, el Trabajo Social actual no puede ni debe seguir dando respuestas obsoletas a los nuevos problemas a los que se enfrenta, nuestra visión debe de ser cada vez mas ética y profesional siempre ponderando neutralidad y buen juicio incluso ante situaciones tan lamentables como la estudiada en el presente documento, siendo sincero parecería erróneo de mi parte tomar la postura de defender el derecho de presunción de inocencia de los implicados debido a que muchos de ellos incluso eran confesos o fueron plenamente identificados por sus victimas sin embargo como profesional del Trabajo Social no puedo emitir ese tipo de juicios respecto al caso.
Considero como la principal enseñanza que me deja personalmente el análisis de este caso desde el punto de vista de los derechos humanos de los inculpados la poca capacidad que tenemos en nuestra formación de interpretar los derechos humanos en nuestra labor cotidiana, los derechos humanos ahí están sin embargo debemos de entenderlos mas que solo saberlos o conocerlos, saber sus diversas modalidades o como pueden ser aplicados en diferentes contextos sin perder de vista nuestros objetivos fundamentales, debemos de convertirnos en portavoces de estos derechos en participes activos de su defensa, si logramos esto la autoridad necesariamente deberá de respetar y valorar nuestros derechos humanos ya que me parece que no podemos exigir algo que en la mayoría de las ocasiones solo conocemos a nuestra conveniencia o de manera trunca
La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social,
la resolución de los problemas en las relaciones humanas
y el fortalecimiento y liberación del pueblo para incrementar el bienestar.
Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano,
los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos
en los que las personas interactúan con su entorno.
Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social
son fundamentales para el Trabajo Social (FITS, 2000).
Bibliografía
STAVENHAGEN Rodolfo, derecho indígena y derechos humanos en América latina, colegio de México, 1998
EROLES Carlos, los derechos humanos compromiso ético del Trabajo Social, espacio editorial, Buenos Aires,
ALVAREZ Martín, Acteal de los mártires infamia para no olvidar, Diaz y Valdez Editores, año 2000
Paginas web
http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/leg_exsum_sp.pdf
http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2009/Paginas/12-Agosto-2009.aspx
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/01/index.php?section=opinion&article=017a1pol
http://www.centrodeconvenciones.chiapas.gob.mx/pdfs/Constitucion_Mexicana.pdf
http://cinoticias.com/2009/07/16/presuncion-de-inocencia-y-exhibicion-de-detenidos/
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